Organizaciones sociales denuncian que la reforma aprobada por el Congreso perpetúa modelos de exclusión y carece de mecanismos para garantizar el acceso equitativo al agua. La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el Congreso de la Unión, ha generado críticas de diversos colectivos sociales y comunidades que advierten que la modificación legal perpetúa un modelo instaurado en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Estas organizaciones refieren que el proceso legislativo fue atropellado, sin consultas públicas ni mecanismos efectivos para frenar el acaparamiento, la sobreexplotación y garantizar un acceso universal al recurso hídrico. Entre las propuestas omitidas en la reforma destacan la prohibición de privatizar obras y sistemas de agua, el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, la creación de consejos de cuenca representativos, la tipificación de la contaminación como delito y la extinción de concesiones industriales con adeudos o sin pago de derechos. Además, señalan que no se impone a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la obligación de desmontar prácticas de acaparamiento ni de transparentar procedimientos de concesión, lo cual favorece la persistencia de la corrupción y la falta de orden en el sector hidráulico. Este contexto pone en evidencia que, si bien la reforma introduce cambios en los criterios para la transmisión de concesiones, no soluciona problemas estructurales como la concentración del agua en manos de intereses económicos, que afecta principalmente a comunidades marginadas y a usuarios agropecuarios familiares. De hecho, la falta de mecanismos para enfrentar el uso irregular del recurso puede traducirse en un daño grave a la sustentabilidad hídrica del país. Es importante contextualizar esta problemática en un escenario global donde el acceso al agua enfrenta amenazas crecientes por el cambio climático, el crecimiento poblacional y la explotación desmedida. La lucha por garantizar que este
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