La confederación empresarial destaca el avance legislativo en la lucha contra un delito que afecta gravemente la economía y la seguridad en México, especialmente a micro y pequeñas empresas.
La reciente aprobación de una legislación nacional para prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la extorsión representa un avance significativo en las estrategias contra esta problemática en México. La ley fue respaldada por diversas agrupaciones empresariales y responde a la creciente ola de incidentes que impactan a pequeñas y medianas empresas, que constituyen un pilar fundamental de la economía mexicana.
La inseguridad derivada de la extorsión no solo genera riesgos para la integridad física de los empresarios y empleados, sino que también implica pérdidas económicas millonarias. Datos recientes indican que en 2024, este delito causó daños por más de 21 mil millones de pesos, cifras que reflejan la gravedad del problema. Además, se estima que alrededor del 13% de las compañías afiliadas a organizaciones empresariales han sido víctimas, principalmente a través de llamadas telefónicas. La percepción de inseguridad continúa siendo uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento del sector empresarial y el crecimiento económico.
Desde el ámbito legislativo, expertos y organizaciones como Coparmex han resaltado que la correcta implementación de la ley requerirá acciones coordinadas entre las diferentes instancias gubernamentales, además de campañas de sensibilización y capacitación en materia de seguridad. La iniciativa busca reducir la impunidad en los delitos relacionados con la extorsión y crear un entorno más seguro para las actividades productivas en todo el territorio.
La aprobación de esta legislación llega en un momento donde la seguridad pública se ha convertido en un tema prioritario para el país, dado que la delincuencia organizada y delitos como la extorsión continúan afectando el clima de confianza para la inversión y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.