Legisladores con fuero en Morena son señalados por supuestos nexos con el crimen organizado, generando controversia política y señalamientos internacionales. En los últimos años, algunos dirigentes de Morena han sido objeto de sospechas relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más peligrosos del país. Estas acusaciones han puesto en entredicho la integridad de ciertos legisladores, quienes, gracias a su privilegio de inmunidad constitucional, mantienen su cargo pese a las polémicas. Uno de los casos más destacados es el del senador Carlos Lomelí Bolaños. Reconocido por su cercanía al movimiento oficialista, Lomelí ha sido señalado por operaciones pasadas que supuestamente favorecían a grupos narcotraficantes. Diversos informes y reportajes periodísticos revelan que en 2010 admitió haber realizado negocios con el Cártel de Sinaloa, incluyendo la venta de precursores químicos utilizados en la producción de drogas. Además, en su historial figuran acusaciones de lavado de dinero y suministro de insumos a organizaciones criminales, que en su momento llevaron a la suspensión de sus cuentas por parte de agencias norteamericanas. Por otro lado, la diputada Hilda Brown, exalcaldesa de Rosarito, enfrenta sanciones internacionales por su posible relación con la misma facción delictiva. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) la vinculó con actividades ilícitas, incluyendo la protección y extorsión vinculadas al cártel, además de estar bajo investigación por supuestos sobornos y manipulación de su administración municipal. Estas acusaciones derivaron en el bloqueo de sus cuentas en México, situación que ella negó rotundamente, asegurando desconocer las acciones en su contra y calificando las imputaciones como infames. El contexto de estas acusaciones resulta relevante en un escenario donde la lucha contra el narcotráfico requiere de la cooperación internacional y del fortalecimiento del Estado de Derecho. La presencia
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