Un nuevo escándalo sacude a la administración morenista en México. El 30 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y nueve de sus allegados. Las acusaciones incluyen tráfico de drogas y vínculos con el cártel de Sinaloa. Además, trascendió que Rocha enfrentó la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos.
Este mismo día, Ariana Montiel, nueva lideresa de Morena, anunció que su partido llevará a juicio político a Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua. Esta decisión surge tras la participación de agentes de la CIA en la identificación de un gran narcolaboratorio en el estado, el cual se hizo público debido a un accidente que resultó en la muerte de dos de los agentes.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, salió en defensa de Rocha, asegurando que no hay investigaciones contra él en México. Declaró que no había evidencia de actividades ilícitas por parte del Gobernador y destacó que su administración ha tenido buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Esta defensa refleja un esfuerzo por proteger a un integrante de su partido en medio de una creciente presión.
Mientras tanto, las propuestas de desafuero y juicio político en contra de Rocha Moya por parte de la oposición se ven ignoradas. Acciones recientes de Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, y del Partido Acción Nacional, han quedado en un segundo plano frente a las medidas defensivas de Morena.
La situación revela cómo el partido oficialista intenta desviar la atención ante acusaciones graves en sus filas, proponiendo juicios políticos en lugar de atender las demandas de rendición de cuentas. Las estrategias de Morena parecen paliativas en un ambiente donde la legalidad y la moralidad en la política están bajo creciente escrutinio.
Con información de zetatijuana.com