Más de la mitad de los 15 latinoamericanos deportados en abril a la República Democrática del Congo están de regreso en sus países de origen. Este regreso se produce a pesar de que jueces de inmigración en Estados Unidos advirtieron sobre el riesgo de persecución que enfrentarían al regresar a sus naciones.
De los migrantes enviados al Congo, ocho han retornado recientemente: cuatro de Perú y cuatro de Colombia. Muchos optaron por el programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones, que les ofrece la opción de regresar a casa con el apoyo logístico necesario.
Alma David, abogada de algunos de los deportados, cuestiona la percepción de "voluntariedad" en estos retornos. Explica que el volumen de migrantes que ha decidido regresar sugiere que no tenían alternativas viables y se sintieron presionados a volver debido a las condiciones adversas en el Congo.
La situación en Congo no es un caso aislado. Estados Unidos tiene acuerdos con al menos ocho países africanos para enviar deportados que no son ciudadanos, según defensores de los migrantes. Estas prácticas son vistas como intentos de evadir las obligaciones legales establecidas por la justicia estadounidense, además de generar grandes dificultades para los solicitantes de asilo.
Por otra parte, el caso de Adriana María Quiroz Zapata, ciudadana colombiana, resalta la rigurosidad de estas políticas. Pese a una orden de un juez federal para su regreso a Estados Unidos, continúa en el Congo. Este patrón ha llevado a presentar una denuncia contra Guinea Ecuatorial ante un organismo de derechos humanos de África por su colaboración en estas deportaciones.
Con información de telediario.mx