La falta de financiamiento crítico pone en riesgo la implementación de la justicia cívica en municipios mexicanos.
La justicia cívica en México se establece como un mandato nacional, pero la escasez de recursos limita su aplicación efectiva. Aunque los municipios deben operar juzgados cívicos, carecen de fondos federales necesarios. Esto resulta en un mosaico de cumplimiento irregular.
Los municipios enfrentan realidades criminales distintas, lo que requiere un financiamiento diferenciado y flexibilidad normativa. Un modelo igualitario ignora la diversidad del país. Para mejorar la situación, se sugiere un sistema de coparticipación que incluya aportaciones federales y estatales.
Asimismo, es fundamental establecer auditorías regulares para asegurar la ejecución adecuada del presupuesto y el equipamiento tecnológico de los juzgados cívicos.