Expertos en Derecho advierten que la medida cautelar podría ser un acto de abuso de autoridad y violación de la libertad de expresión Diversos especialistas en Derecho Penal y Constitucional han cuestionado la validez y legalidad de la medida cautelar impuesta por el juez federal Alejandro Maraniello, que busca restringir la difusión de audios atribuidos a una funcionaria pública. La discusión se centra en si la orden judicial excede los límites del ordenamiento jurídico, dado que las restricciones previas a la publicación de información de interés público vulnerarían derechos fundamentales como la libertad de expresión, considerada un pilar esencial del funcionamiento democrático. Históricamente, la censura previa y las restricciones anticipadas en la difusión de información han sido rechazadas en la legislación argentina y en tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos. La protección del derecho a la información y a la libertad de prensa implica que sólo responsabilidades ulteriores pueden ser exigidas tras la publicación, y no medidas restrictivas preventivas, salvo en casos de delitos específicos en los que exista un daño inminente y comprobado. Además, los analistas remiten que la autoridad judicial en cuestión ha cometido un error al solicitar la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), órgano no competente para restringir la libertad de prensa ni para intervenir en la difusión de audios en plataformas digitales, lo que evidencia un desconocimiento del marco legal. En el contexto actual, la protección de las fuentes y la libertad de expresión son derechos protegidos por la jurisprudencia nacional e internacional, y toda decisión que los limite debe ser claramente justificada y proporcional. Por otra parte, la medida también está rodeada de controversia debido a las denuncias previas contra el juez Maraniello por delitos como acoso y abuso de poder, lo que alimenta las dudas sobre su imparcialidad en este caso. L
Miércoles, 13 de mayo de 2026
