Un informe revela que más del 90% de los jubilados no cubre sus gastos esenciales, agravando su situación ante la escalada de dificultades económicas y sociales.
Un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo de Córdoba revela que más de la mitad de los jubilados en la provincia no logran completar sus ingresos al finalizar el mes, con casi la mitad sin poder cubrir la canasta básica. La gravedad de esta situación se refleja en que aproximadamente el 91% de los jubilados ajustó sus gastos en aspectos esenciales, principalmente en alimentos y medicamentos. Cuando se suman los costos del alquiler, la proporción de aquellos que no alcanzan a pagar sus gastos asciende al 80%. La vulnerabilidad social se profundiza ante un contexto de incertidumbre económica y escasas expectativas de mejora, ya que casi la mitad considera que su condición empeorará en el próximo año.
El impacto de la crisis afectó además las relaciones familiares, ya que más de la mitad de los jubilados que enfrentan dificultades necesita apoyo económico de sus hijos o familiares cercanos. Sin embargo, analistas señalan que la capacidad de ayuda familiar también enfrentan obstáculos severos debido a la crisis económica provocada por las políticas del gobierno nacional, especialmente en un escenario donde la inflación y la caída en los ingresos tradicionales dificultan la subsistencia de muchas familias.
Históricamente, muchos jubilados de Córdoba fueron considerados clase media durante sus años laborales, pero hoy en día su situación refleja una vulnerabilidad social marcada, con recortes en alimentación, salidas, medicamentos, y otras necesidades básicas. La reducción del gasto en alimentos alcanza un 35%, mientras que otros ajustan en salidas (13%) y medicamentos (11%). La percepción de inestabilidad económica continúa siendo predominante, con una notable proporción de jubilados que expresan que la inflación, los bajos ingresos y la falta de expectativas de mejora les impiden salir adelante.
Este panorama evidencia la necesidad de políticas públicas que aborden las demandas de protección social y seguridad económica para los sectores más vulnerables de la población en Córdoba y el país, en un contexto de crisis que parece agudizarse.