El IVA reducido al 8% en la franja fronteriza norte de México ha brindado un alivio a empresarios desde 2019. Este beneficio, que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, busca mantener la competitividad de los comercios que enfrentan una fuerte competencia de estados vecinos como California y Texas, donde el impuesto al consumo es considerablemente menor.
Sin embargo, muchos comerciantes se enfrentan cada diciembre a la angustia de no saber si el gobierno federal renovará el decreto. Esta incertidumbre afecta decisiones cruciales sobre inversiones, contratación de personal y ajustes de precios. La falta de claridad en la continuidad del estímulo fiscal es un problema recurrente para los negocios en localidades como Tijuana, Mexicali, Nogales y Juárez.
La cuestión principal no radica en la existencia del beneficio, sino en su naturaleza jurídica. Un decreto presidencial no concede derechos firmes al contribuyente, sino que se basa en la discrecionalidad del Ejecutivo. Esto significa que, si el Servicio de Administración Tributaria limita el acceso al beneficio, los contribuyentes podrían verse obligados a litigar para obtener lo que consideran justo, lo que puede resultar en una pérdida de tiempo y recursos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subrayado la importancia de la seguridad jurídica en materia tributaria. Los contribuyentes deben contar con certezas que no dependan de decisiones arbitrarias. Para asegurar esto, es fundamental que los estímulos fiscales, como el del IVA y el ISR, sean incorporados a la legislación correspondiente, respondiendo así a las condiciones geoeconómicas de la región.
Transformar el IVA del 8% en una norma permanente es esencial para evitar la temporalidad de un beneficio necesario. Este cambio garantizaría que los comerciantes fronterizos tengan las herramientas necesarias para competir eficazmente en un mercado que no se limita a México, sino que incluye los mercados de estados vecinos en Estados Unidos.
Con información de sandiegored.com