La Auditoría Superior de la Federación encontró fondos sin justificar en contratos de servicios y tecnología en el órgano judicial, con implicaciones administrativas y fiscales. La Auditoría Superior de la Federación identificó que al menos 272 millones de pesos relacionados con la Judicatura tienen inconsistencias, principalmente por contratos pendientes de aclaración o sin respaldo documental que respalde su ejecución. Estos recursos corresponden a sevicios de seguridad privada, mantenimiento, limpieza y soporte técnico de equipos electrónicos, entre otras categorías. Tras revisar dichas operaciones, la auditoría emitió once recomendaciones para corregir posibles irregularidades, además de promover procedimientos de responsabilidad administrativa y ejercer facultades fiscales en caso de ser necesario. El análisis reveló que la mayor concentración de fondos sin aclarar proviene de instancias estatales y municipales, indicando un patrón de deficiencias en la gestión y fiscalización de recursos públicos en estos niveles. Además, la auditoría detectó pagos superiores a 200 millones de pesos por servicios tecnológicos de grandes empresas, como Microsoft México, IQsec y UNINET, sin constancia de la correcta justificación de esas erogaciones, ni de la aplicación de penalizaciones o retrasos contractuales. Con estos hallazgos, se evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en el órgano judicial para prevenir futuras irregularidades y garantizar la transparencia en el uso del presupuesto asignado. La importancia de estas acciones radica en preservar la integridad del sistema judicial y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
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