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IPN suspende a funcionario por contratos irregulares y empresa fantasma

El IPN suspendió a un funcionario por su implicación en otorgar contratos millonarios a una empresa señalada como fantasma, en medio de investigaciones de corrupción.

Por Redacción1 min de lectura
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La suspensión de un alto funcionario del IPN se da en medio de investigaciones por otorgar contratos millonarios a una firma relacionada con corrupción y conflictos de interés.

En una medida para fortalecer la transparencia, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) decidió suspender temporalmente a Javier Tapia Santoyo, quien se desempeñaba como secretario de Administración. La acción se tomó tras la solicitud de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que solicitó informar y colaborar con las investigaciones abiertas contra el funcionario. La medida, que inició el 29 de noviembre, busca garantizar la integridad del proceso y evitar obstáculos en las indagatorias.

Este funcionario, con antecedentes en el ISSSTE, está siendo investigado por su presunta participación en la adjudicación de contratos por más de 1,600 millones de pesos a una empresa señalada como empresa fantasma, en la que su esposa figura como accionista. Además, existen indicios de que Tapia Santoyo mantuvo vínculos con la firma mediante registros en plataformas empresariales y redes sociales, además de haber sido identificado como co-director en algunos registros públicos.

El caso se profundiza por las investigaciones de la Fiscalía General de la República, que incluyen delitos como enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y abuso de funciones. La evidencia presentada revela que el funcionario habría favorecido en contratos directos a empresas sin capacidad operativa, además de recibir depósitos no reportados en sus cuentas. La relación del funcionario con estas empresas genera serias preocupaciones sobre conflictos de interés y posibles actos de corrupción en instituciones públicas clave.

Es importante destacar que, en medio de estos hechos, la lucha contra la corrupción en el sector salud y en instituciones educativas continúa intensificándose, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los procesos de contratación pública para prevenir irregularidades y proteger los recursos destinados a servicios esenciales.

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