La Fiscalía General de la República detiene a presunto responsable del homicidio del delegado en Reynosa, mientras investiga a la presidenta electa del Tribunal de Justicia por corrupción.
La Fiscalía General de la República informó la captura de un presunto responsable del homicidio del delegado federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el 4 de agosto en Reynosa. La detención se realizó en el marco de una investigación que busca esclarecer el crimen y vincula al detenido con la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo, principal responsable del huachicol en la zona.
El presunto implicado, identificado como Jaret Roberto “H”, ya contaba con una orden de aprehensión federal y fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa. En su poder se encontraron armas largas, cargadores, cartuchos y droga. La Fiscalía detalló que los datos en su celular permitieron establecer su participación directa en el homicidio del delegado, quien fue atacado con granada y disparos, y cuyo vehículo fue incendiado.
El crimen ocurrió poco después de un operativo realizado el 25 de julio en Reynosa, donde las fuerzas federales decomisaron más de 1.8 millones de litros de hidrocarburo y aseguraron maquinaria pesada, en un golpe al tráfico ilícito de combustibles. La FGR calificó el ataque contra Vásquez Reyna como “violencia inusitada y brutalidad”, y señaló que podría estar vinculado con dicha operación.
El homicidio de Vásquez Reyna se suma a la ola de violencia política que afecta a funcionarios en 2025. Hasta ahora, se han registrado al menos 86 homicidios relacionados con actores políticos, además de atentados y desapariciones, según la consultora Integralia.
Por otra parte, un caso que ha generado controversia es la investigación contra Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas. En mayo, el periodista Héctor de Mauleón publicó una columna en El Universal que la vinculaba con presuntos delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias. Contreras López interpuso una queja ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, que ordenó la eliminación de la columna y sancionó a El Universal y a Mauleón, acciones que organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran un ataque a la libertad de expresión.
El 3 de julio, el IETAM inscribió a Mauleón y a El Universal en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, y les impuso una disculpa pública. Diversas organizaciones internacionales criticaron estas medidas, considerándolas un uso indebido de la figura legal y un acto de censura previa.
Este contexto refleja la complejidad de los desafíos en Tamaulipas, donde la violencia y las investigaciones judiciales están estrechamente vinculadas a la lucha contra el crimen organizado y la política local.