La decisión de la Cuarta Transformación de eliminar la reforma energética se fundamentó en la corrupción y el favoritismo, según sus promotores. Sin embargo, los actuales proyectos de inversión mixta revelan que el principal problema es el control que ejerce el gobierno sobre la asignación de contratos, más que la participación privada.
Las convocatorias de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentran gran autoridad en el gobierno, con criterios de evaluación que carecen de transparencia. Esto genera procesos con poca supervisión pública y decisiones finales que dependen de estructuras burocráticas con escasas rendiciones de cuentas.
La complejidad de los contratos también plantea riesgos. Los inversionistas deben proporcionar capital y experiencia técnica, mientras que la CFE retiene el control estratégico. Recentemente se añadió una cláusula que permite la terminación anticipada del contrato por razones de "seguridad energética", lo que crea incertidumbre jurídica para los inversores.
A pesar de las oportunidades, algunos de los grandes actores internacionales en generación eléctrica, como Sempra y Iberdrola, han optado por mantenerse al margen. Aun cuando la meta de añadir más de 7 mil 400 megawatts de energía es ambiciosa, persiste la duda sobre la capacidad de la red para manejar este incremento, especialmente ante la falta de inversiones en transmisión y distribución.
En este contexto, emergen nuevos participantes menos conocidos, como Grupo Kosmos, liderado por Jack Landsmanas. Este grupo, que ha obtenido contratos públicos significativos, ha sido señalado en diversas ocasiones por posibles irregularidades y falta de transparencia en sus operaciones. La concentración de poder en estas decisiones genera cuestionamientos sobre las relaciones entre los sectores empresarial y gubernamental, contradiciendo las promesas de la administración de erradicar el "capitalismo de cuates".
Con información de sdpnoticias.com