La búsqueda internacional de un alto mando militar revela una red de robo de combustibles que involucra a militares y exfuncionarios en México.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una ficha roja para localizar en sus 190 países miembros al contralmirante Fernando Farías Laguna, en relación con una investigación por actividades ilícitas vinculadas al contrabando de combustible. La acción internacional marca un avance sin precedentes en el ámbito militar y judicial, al convertir a un alto mando en activo en objetivo de una pesquisa por presunta corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
El contralmirante, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), que ha obtenido una orden de captura para aprehenderlo. Aunque el militar promovió un amparo para evitar su detención, las leyes mexicanas establecen que delitos como la delincuencia organizada requieren prisión preventiva automática, por lo que su protección legal sería insuficiente en este contexto. La FGR también indicó que Farías Laguna no ha sido citado formalmente ante el Ministerio Público.
Este operativo se relaciona con una compleja red conocida como “huachicol fiscal”, que actualmente suma alrededor de 50 personas detenidas. Entre los implicados de mayor rango se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del prófugo y sobrino del exfuncionario naval, ambos señalados por su participación en el robo y contrabando de combustible. La trama involucra a una variedad de actores militares, empresariales y administrativos que, según las investigaciones, habrían obtenido ganancias ilícitas millonarias por estas actividades.
Un análisis del caso revela la magnitud de la corrupción en sectores estratégicos del Estado, y la implicación de militares en operaciones que afectan la seguridad económica y la legalidad del país. La operación internacional busca desmantelar una red que ha logrado operar con impunidad durante años, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión en instituciones clave.