La figura del interés legítimo, originada en el derecho administrativo europeo, ha sido incorporada en diversas jurisdicciones, incluido México, para ampliar la protección jurídica ciudadana.
El interés legítimo es una figura jurídica que tiene sus orígenes en el derecho administrativo europeo, específicamente en las doctrinas italianas y francesas del siglo XIX. Este concepto surgió como una categoría intermedia entre los derechos subjetivos plenos y los intereses meramente legítimos, permitiendo a los ciudadanos impugnar acciones administrativas que afecten sus intereses sin reclamar una prestación concreta. La doctrina italiana, liderada por juristas como Vittorio Emanuele Orlando y Oreste Ranelletti, estableció que el interés legítimo confiere al particular la facultad de solicitar que la Administración cumpla con la ley y responder por decisiones que le dañen, aunque sin tener un derecho absoluto a una obligación específica.
Por su parte, en Francia, autores como Maurice Hauriou defendieron que el interés legítimo protege los derechos individuales frente a las arbitrariedades del Estado, en línea con un enfoque liberal individualista. Estas ideas fueron luego adoptadas en España y otros países de América Latina, donde se ampliaron los mecanismos de protección judicial. En México, la reforma constitucional de 2011 y la Ley de Amparo de 2013 formalizaron la figura del interés legítimo como un elemento que permite a los ciudadanos solicitar protección judicial en casos donde sus derechos no están plenamente constituidos, pero sí en riesgo por acciones de la Administración.
Este concepto ha permitido fortalecer la protección de las personas ante posibles abusos del poder público, promoviendo un equilibrio que favorece la interacción entre Estado y ciudadanía en aras de la legalidad y el respeto de los derechos. La adopción de esta figura refleja además la influencia del modelo europeo en la evolución del derecho administrativo latinoamericano, promoviendo una visión más flexible y reactiva del control legal. En un contexto global en el que la protección del ciudadano frente al Estado es clave, el interés legítimo se presenta como una herramienta esencial para garantizar derechos y evitar arbitrariedades.