Lorena Villaverde, candidata a senadora, recibió un crédito del Banco Nación en condiciones cuestionables, a pesar de antecedentes judiciales pendientes y polémicas vinculaciones.
En la provincia de Río Negro, la postulación de Lorena Villaverde como candidata a senadora ha sido acompañada por controversias relacionadas con un crédito otorgado por el Banco Nación en enero de 2025. A pesar de que la sucursal de Cipolletti inicialmente rechazó la solicitud por incumplimiento de requisitos, un alto nivel directivo en Buenos Aires intercedió para desbloquear el financiamiento, que asciende a 225 millones de pesos. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos internos del banco y las relaciones en torno a la funcionaria.
La diputada ha presentado documentos que aseguran su cleanliness judicial, incluyendo un certificado de antecedentes penales, aunque existen rumores en Río Negro que indican que podría tener causas abiertas en tribunales argentinos y en Estados Unidos. De hecho, en el extranjero, Villaverde enfrenta un proceso por tráfico de drogas, relacionado con su ex pareja, en Florida, un país donde fue procesada en 2002 por delitos vinculados a la cocaína. Además, en Argentina enfrenta varias denuncias por estafas, embargos y afiliaciones truchas, sin que estos antecedentes le hayan impedido acceder a financiamiento para la adquisición de inmuebles en Cipolletti y otras localidades.
Las irregularidades en el trámite, presuntamente facilitadas por una llamada del presidente del Banco Nación, Daniel Trillard, han sido calificadas por analistas como un escándalo, debido a la falta de transparencia y los antecedentes judiciales de la legisladora. El patrimonio declarado por Villaverde en el Congreso incluye diferentes propiedades en la región de Neuquén y Las Grutas, además de vehículos y una lancha, aunque la casa en Cipolletti no figura en su declaración jurada. La situación genera dudas sobre la ética y la legalidad en el manejo de préstamos públicos destinados a financiar campañas o adquisiciones y pone en entredicho la integridad de las instituciones financieras que, en ocasiones, parecen facilitar privilegiadamente ciertos perfiles políticos.