Las elecciones en México han enfrentado serias acusaciones de infiltración del crimen organizado. En Sinaloa, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha sido señalado por vínculos con grupos criminales desde que asumió el cargo. Estas acusaciones no solo afectan a su estado, sino que también se han reportado incidentes violentos durante las elecciones en San Luis Potosí, Michoacán y Chiapas.
Durante los comicios de 2021, varios candidatos y funcionarios se vieron amenazados, y algunos incluso fueron asesinados. En Michoacán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la intervención de delincuentes en varias casillas, lo que llevó a la anulación de votaciones en cuatro municipios. Sin embargo, a pesar de las evidencias, el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla no fue revocado.
La violencia no ha cesado, ya que en el proceso electoral intermedio de 2024, personas relacionadas con el crimen han asesinado a candidatos en Maravatío. La situación sigue siendo crítica, y la percepción de la narcopolítica se profundiza en el estado, afectando el clima electoral y la seguridad de los postulantes.
San Luis Potosí también se enfrenta a un contexto similar. Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador, ha sido vinculado con delitos de corrupción y delincuencia organizada desde su tiempo como alcalde. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias sobre desvíos millonarios durante su gestión, pero no se han concretado nuevas imputaciones.
A medida que se acercan las próximas elecciones, el desafío enfrentado por los candidatos es creciente. Con un panorama marcado por la violencia y la corrupción, el futuro de la democracia en estas regiones de México se ve amenazado por la sombra del crimen organizado.
Con información de proceso.com.mx