La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que el Cártel de Sinaloa ha financiado campañas electorales en varios municipios de México, con el propósito de infiltrar gobiernos locales y obtener protección institucional. Este contexto agrava la situación del partido Morena y su relación con el poder criminal en todo el país.
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, no es un caso aislado. La conexión entre el crimen organizado y los gobiernos morenistas se extiende a diversas entidades, evidenciando una estrategia de simbiosis que asegura la permanencia de estos liderazgos. A pesar de la historia de corrupción en otros partidos, la estructura de Morena depende en gran medida de este vínculo con el crimen.
La política de “abrazos, no balazos”, implementada por Andrés Manuel López Obrador durante su administración, ha facilitado la expansión del crimen organizado en el territorio. Estudios recientes revelan que hasta el 81 por ciento de los municipios en México podrían estar bajo la influencia de alguna organización criminal, lo que afecta gravemente la legitimidad de los gobiernos locales.
La financiación de campañas por parte del crimen organizado se ha convertido en un fenómeno habitual. Gobernadores y presidentes municipales han recibido apoyo de diversas organizaciones delictivas, lo que complica la investigación de sus nexos criminales. Aunque estos políticos forman parte de un nuevo proyecto de nación, la sombra del crimen pesa sobre su administración.
De cara al futuro, la lucha interna en Morena se intensifica. Con la presión externa creciente, algunos líderes podrían ser sacrificados para preservar la imagen del partido. La polarización entre facciones “puristas” y “pragmáticas” se acentúa, abriendo un debate sobre cómo enfrentar la crisis sin desestabilizar la estructura política actual.
Con información de vanguardia.com.mx