La conductora está en la mira por delitos relacionados con desvío de fondos y delincuencia organizada, tras la detención de su esposo en Estados Unidos.
El caso de la conductora de televisión Inés Gómez Mont ha cobrado nueva relevancia tras la detención en Estados Unidos de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades migratorias y vinculadas a un esquema de corrupción en México. Desde 2021, las autoridades mexicanas, apoyadas por la Interpol, mantienen vigente una orden de búsqueda en contra de Gómez Mont por su presunta participación en delitos financieros y de delincuencia organizada. La investigación apunta a un esquema complejo de contratos públicos simulados y triangulación de fondos ilícitos que podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos.
Analistas jurídicos señalan que, de ser encontrada culpable, la periodista podría enfrentar penas que suman hasta casi 60 años de prisión debido a la gravedad de los cargos, entre ellos delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. Las penas varían según la gravedad y el monto involucrado, pero en algunos casos, la ley mexicana contempla condenas extensas, especialmente cuando hay complicidad y múltiples delitos. La reciente captura en Miami del esposo de Gómez Mont ha reavivado el interés público y mediático en el caso, además de intensificar los esfuerzos por lograr su extradición para esclarecer su participación en estos delitos.
La situación de Gómez Mont, además, refleja la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, donde figuras públicas están siendo investigadas por esquemas ilícitos que afectan a millones de pesos públicos. La Fiscalía General de la República continúa recopilando pruebas y, en caso de proceder, su resolución será un precedente sobre la severidad de las sanciones por delitos económicos en el país.