La Suprema Corte ratifica que el Instituto Nacional Electoral no puede alterar decisiones de comités evaluadores, garantizando certeza en procesos electorales.
Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene facultades para revisar o modificar las calificaciones técnicas establecidas por los Comités de Evaluación durante los procesos de selección de candidaturas. La decisión reafirma que dichas evaluaciones, basadas en metodologías especializadas, son definitivas y no deben ser modificadas después de concluidas, garantizando la estabilidad y legitimidad de las candidaturas aprobadas previamente. Además, la resolución advierte que cambios ex post pueden afectar la confianza ciudadana y vulnerar el principio de certeza en los comicios.
Desde la convocatoria, los Comités de Evaluación son los únicos responsables de determinar la idoneidad académica y técnica de los aspirantes, aplicando criterios especializados diseñados para asegurar objetividad y equidad. Sin embargo, tras los comicios, el INE intentó reinterpretar estos requisitos, excluyendo candidaturas que habían sido validadas y que incluso habían sido respaldadas por el voto ciudadano, sin respaldo legal para ello. Esto implicó una reinterpretación extemporánea y sin fundamento en las metodologías previamente aplicadas, alterando las reglas del proceso electoral.
Esta resolución tiene un impacto importante en la confianza en las instituciones electorales y en la interpretación de las funciones del INE. La decisión reafirma que la autoridad electoral debe respetar los criterios técnicos previamente establecidos, evitando cambios que puedan poner en entredicho la legitimidad de los resultados y la seguridad jurídica del proceso democrático. La integridad del sistema electoral requiere que las reglas se respeten durante toda la etapa del proceso, desde la convocatoria hasta la resolución final.
Esta situación evidencia la importancia de mantener un marco de reglas claras y respetar las competencias de cada órgano en un sistema democrático. La decisión también señala que la evaluación técnica realizada por los comités no puede ser modificada después de su conclusión, reforzando el principio de legalidad y la necesidad de respetar la decisión de los órganos especializados en materia de selección de candidaturas.