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INAE impulsa colaboración para identificar a personas desaparecidas en México

El INE impulsa convenios para mejorar la identificación de personas desaparecidas en México, fortaleciendo su labor social y la protección de derechos humanos.

Por Redacción1 min de lectura
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El Instituto Nacional Electoral fortalece su red de convenios para apoyar la localización de personas desaparecidas mediante sistemas biométricos, un esfuerzo clave en la protección de derechos humanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reforzado su compromiso en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México mediante la firma de múltiples convenios con distintas instituciones del Sistema de Justicia y búsqueda. Desde 2006, se reportan más de 120 mil personas desaparecidas o no localizadas en el país, una problemática que requiere esfuerzos coordinados y tecnología avanzada.

En los últimos años, el INE ha firmado 41 acuerdos con fiscalías estatales, órganos forenses y la Fiscalía General de la República, permitiendo el uso de sistemas biométricos como AFIS y ABIS para facilitar la identificación de personas a partir de huellas dactilares y datos biométricos. Hasta ahora, esta colaboración ha resultado en la confirmación de más de 34 mil registros de personas identificadas, a partir de cerca de 99 mil solicitudes recibidas.

Es importante señalar que aún existen 30 convenios pendientes de firma en diversas entidades, lo cual limitaría aún más la eficacia de esta estrategia. Por ello, se invita a las instituciones estatales a agilizar estos procesos para ampliar la cobertura nacional y acelerar las búsquedas.

Una mejora en la calidad de las huellas y la incorporación de tecnologías más precisas han sido prioritarias para potenciar estos esfuerzos. Además, la legislación en materia de desaparición forzada y derechos humanos establece un marco normativo que obliga a las autoridades a coordinarse estrechamente en la localización de personas desaparecidas, promoviendo una protección integral de los derechos humanos.

Este trabajo del INE demuestra que sus capacidades institucionales no solo sirven para procesos electorales, sino también para atender problemáticas sociales de alto impacto, fortaleciendo así el compromiso del Estado con la protección y la reparación de derechos.

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