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Indemnizan con 20.000 euros a funcionaria tras accidente en juzgados

La Audiencia Nacional ordena indemnización de 20.000 euros a funcionaria por accidente laboral en juzgados en Mérida.

Por Redacción1 min de lectura
La Audiencia Nacional reconoce daños por la falta de seguridad laboral en los juzgados.
La Audiencia Nacional reconoce daños por la falta de seguridad laboral en los juzgados.
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Mérida, Extremadura. – La Audiencia Nacional ha ordenado indemnizar con 20.000 euros a una funcionaria interina del cuerpo de auxilio judicial que sufrió una triple fractura al tropezar con cables sueltos en el suelo de los juzgados. Este incidente ocurrió durante su guardia en el Palacio de Justicia.

Según la reciente sentencia, se determinó que existió un fallo en el mantenimiento del puesto de trabajo. Los magistrados rechazaron la intención del Abogado del Estado de culpar a la funcionaria por no informar de la situación a los servicios de mantenimiento. La resolución subraya la responsabilidad de la Administración al no garantizar condiciones de trabajo seguras.

Los hechos evidencian que, en el año 2022, la funcionaria se encontraba en su puesto cuando uno de los numerosos cables informáticos debajo de su mesa se enredó en la rueda de su silla. Esto provocó su caída, resultando en una fractura de húmero tratada en varios hospitales. Inicialmente, la mutua realizó el seguimiento médico, y aunque recibió el alta laboral en julio, su recuperación concluía en noviembre.

Tras solicitar una indemnización de 31.643,20 euros por los daños sufridos, se le denegó la compensación, argumentando que ya había recibido atención a través de la mutua. Sin embargo, la funcionaria decidió acudir a la vía judicial, obteniendo una respuesta favorable, aunque con un monto reducido.

La sentencia concluye que la responsabilidad por el accidente recae en la Administración debido al un mantenimiento inadecuado. Se reconoció que la falta de previsión y la incorrecta disposición del cableado contribuyeron a la lesión de la funcionaria. A pesar de las obligaciones de los empleados para utilizar correctamente las herramientas, el tribunal insistió en que la Administración no puede eludir su responsabilidad en la prevención de riesgos laborales.

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