La incorporación de normativas laborales y mayores cargas sociales han encarecido significativamente la contratación en el sector formal, afectando a empleadores y manos de obra.
En el último año, la cantidad de empleadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un descenso cercano a los 36 mil en total, reflejando una tendencia que preocupa a actores económicos y sindicatos. La primera disminución, de aproximadamente 7,2 mil empleadores, ocurrió entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Sin embargo, en el período siguiente, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, la pérdida se aceleró, alcanzando cerca de 27,2 mil empleadores menos en el sistema formal.
Este aumento en los costos laborales se atribuye a reformas laborales recientes que incrementaron el gasto —más del 50%— por trabajador en comparación con hace unos seis años. La alza en los costos se explica por cambios en las reglas de vacaciones, la Ley Silla, que contempla descansos periódicos, y ajustes en los salarios mínimos, con incrementos anuales que oscilan entre 12 y 20%. Todo esto ha elevado el gasto total que enfrentan las empresas por mantener una plantilla formal, afectando su sostenibilidad.
Por su parte, líderes sindicales y asociaciones empresariales señalan que la combinación de estos factores ha provocado que una proporción significativa de la población activa quede fuera de la formalidad, muchas empresas han tenido que cerrar sus operaciones o reducir significativamente su plantilla. La creciente carga regulatoria y los costos asociados han contribuido a que algunas compañías opten por mantener trabajadores en la informalidad o disminuir su plantilla en busca de sostenibilidad financiera.
Este escenario refleja una problemática estructural en el mercado laboral nacional, donde los incrementos en los costos laborales, junto con una economía todavía en recuperación, generan obstáculos para la formalización, impactando tanto en la recaudación fiscal como en los derechos laborales de los trabajadores.