La transferencia automática de recursos federales desde 2024 reduce los fondos estatales en salud, afectando su autonomía y capacidad de inversión.
Desde 2024, un cambio en la forma en que el gobierno federal destina recursos al sistema de salud ha tenido un impacto significativo en las finanzas de los estados mexicanos. La implementación de un mecanismo en el que la Secretaría de Hacienda retira directamente una porción de las transferencias federales destinadas al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y las canaliza hacia el programa IMSS-Bienestar ha provocado una reducción considerable en los fondos disponibles para las entidades que firmaron dicho acuerdo.
Este ajuste ha derivado en una caída del 23% en los recursos que cada estado recibe para su gasto en salud, lo que en términos económicos representa aproximadamente 38 mil millones de pesos en 2024. Además, en 2025, los estados adheridos al programa enfrentaron una nueva disminución del 20%, mientras que aquellos que optaron por mantenerse fuera del convenio experimentaron solo una ligera reducción del 5%. Como consecuencia, los presupuestos destinados a salud de los primeros bajaron notablemente, afectando tanto la prestación de servicios como el mantenimiento hospitalario.
El impacto en la economía local se refleja también en el nivel de cobertura de los gastos en salud. Antes, casi la mitad del financiamiento provenía del FASSA, pero esa proporción se redujo del 47% en 2023 al 35% en 2025 en los estados con convenio, dejando a estos con una mayor carga en sus presupuestos propios. Esta tendencia obliga a las autoridades locales a buscar mayores recursos propios para mantener la operación del sistema sanitario, lo que presiona sus finanzas y puede poner en riesgo su estabilidad crediticia si no logran ajustar su gasto y aumentar sus ingresos.
Más allá de la Administración de los fondos, la centralización del gasto en salud genera preocupaciones sobre la flexibilidad de los gobiernos locales para responder ante emergencias o invertir en infraestructura sanitaria. Aunque el nuevo esquema refuerza el control del gasto desde el nivel federal, también limita la autonomía de los estados, incrementando las presiones fiscales en el corto y mediano plazo.
Expertos advierten que si esta tendencia continúa, el deterioro en la capacidad financiera de los estados podría afectar su calificación crediticia, complicando aún más su financiamiento y su desarrollo económico. La gestión de los recursos en salud, además de garantizar atención universal, requiere un balance entre control centralizado y eficiencia local para asegurar la sostenibilidad del sistema en los años venideros.