La violencia en México ha sido minimizada por el discurso oficial, que atribuye su origen a un legado neoliberal. Sin embargo, la realidad muestra que el crimen opera sin restricciones y que el Estado a menudo se ve implicado, facilitando la corrupción y el miedo entre la población.
La criminalidad es abordada como un fenómeno ajeno, despojando a las autoridades de su responsabilidad. Este enfoque revela un sistema que no solo ignora la ilegalidad, sino que también se convierte en un cómplice pasivo, donde la protección pública es reemplazada por la observación del delito.
Un caso notorio es el de Paola Iveth Gárate, candidata en Sinaloa, quien fue secuestrada y amenazada para que no interfiriera en las elecciones. Su historia es un claro indicador de la falta de seguridad que enfrentan quienes buscan participar plenamente en la vida democrática, mientras se producen pactos oscuros entre el crimen organizado y el poder político.
En Veracruz, la situación no es diferente. Periodistas y comunicadores sufren una creciente violencia, con casos de desapariciones y asesinatos. Esta serie de ataques refleja un clima de terror que acalla la voz de quienes buscan informar y que revela la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La creciente impunidad permite que la violencia y el silencio se normalicen, convirtiendo a la libertad de expresión en una ilusión. A pesar de los discursos optimistas sobre la paz, el verdadero desafío radica en garantizar el derecho a la información y a la participación política sin miedo a represalias.
Con información de eluniversal.com.mx