La política en México enfrenta cuestionamientos serios respecto a la existencia de vínculos entre funcionarios y el crimen organizado. El caso de Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos como narcopolítico, revela una preocupante realidad en la que el poder parece proteger a quienes operan al margen de la ley.
Rocha Moya ha sido acusado por sus conexiones con el Cártel de Sinaloa, en un proceso donde la exigencia de pruebas es un tema candente. La situación se complica al recordar que un miembro de su círculo cercano, Héctor Melesio Cuén, fue asesinado en circunstancias ambiguas que la fiscalía no ha esclarecido adecuadamente, sugiriendo un posible encubrimiento.
Por otro lado, Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, permanece bajo el radar a pesar de que su exsecretario de seguridad actualmente cumple una condena por liderar un grupo criminal. Esta realidad plantea la pregunta sobre el rol que juega el oficialismo en la protección de figuras implicadas en actos delictivos.
La diferencia entre tener narcopolíticos y un narcopartido radica en el nivel de control que este último ejerce. Morena, como partido dominante, tiene presencia en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que propicia un contexto de impunidad. La captura de instituciones resulta alarmante, ya que limita la capacidad de regulación y fiscalización estatal, favoreciendo así la operación del crimen organizado en todo el país.
La impunidad resulta insostenible sin un actor externo que cuestione las acciones del gobierno, y es ahí donde Estados Unidos toma protagonismo. La incertidumbre persiste: ¿prevalecerá la complicidad entre estos políticos o habrá un giro hacia la honestidad y la rendición de cuentas?
Con información de tvazteca.com