Expertos señalan que la medida promovió el ingreso ilegal de vehículos, favoreciendo la corrupción y el crimen organizado en las fronteras mexicanas.
La política de regularización de autos considerados “chocolate”, implementada en 2022, no logró reducir el flujo de vehículos ilegales que ingresan a México, sino que, por el contrario, facilitó su circulación y reforzó actividades criminales en las zonas fronterizas. Desde su inicio, se estimaba que millones de autos de procedencia extranjera y sin documentación legal circulaban en el país, principalmente en estados como Tamaulipas, Baja California y Chihuahua. Aunque las cifras oficiales indican que más de 3 millones de vehículos han sido regularizados, expertos advierten que la entrada de autos ilegales continúa y que la medida ha incentivado prácticas ilícitas y corrupción en el sector.
Este escenario refleja la complejidad de controlar una problemática que afecta tanto la economía formal como la seguridad pública. La participación del crimen organizado en la importación irregular de autos usados ha aumentado, además de que la presencia de estos vehículos contribuye a la saturación vial y a la contaminación ambiental en áreas fronterizas y urbanas. En respuesta, las autoridades mexicanas ampliaron en 2023 el plazo de un programa que regula la importación legal de estos autos, buscando reducir las prácticas delictivas y fortalecer la normatividad para la importación controlada.
Reconocer estos desafíos resulta vital, ya que los autos ilegales generan una competencia desleal para la industria automotriz formal, afectan las finanzas públicas por menor recaudación fiscal y deterioran la calidad de vida en comunidades fronterizas. El camino hacia una solución definitiva requiere fortalecer los controles y promover un marco legal que combata efectivamente el contrabando y la corrupción en este sector.