Gobierno de Hidalgo participa en sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Protección Civil, destacando esfuerzos para proteger comunidades afectadas por fenómenos climáticos y combatir delitos.
Hidalgo fortalece su colaboración con las instituciones federales para enfrentar emergencias y reducir la violencia en el país. Durante la 52.ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8.ª del Consejo Nacional de Protección Civil, se abordaron estrategias para mejorar la respuesta ante desastres naturales, en particular las intensas lluvias provocadas por vaguadas monzónicas que afectaron a 28 municipios en octubre pasado. La participación del gobernador Julio Menchaca Salazar subrayó la importancia de reforzar capacidades en prevención, atención y reconstrucción, así como garantizar el apoyo federal en las zonas más afectadas.
El gobierno federal presentó innovaciones como la Ruta de la Protección Civil, un plan destinado a acelerar la atención a emergencias, apoyar a las familias afectadas y fortalecer los sistemas de pronóstico y alertamiento. Además, se introdujo el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, cuyo objetivo es armonizar las leyes en todas las entidades con el fin de erradicar este delito, que impacta la seguridad pública en el país.
Cabe destacar que, en los últimos meses, las instituciones de seguridad han logrado reducir en un 37 por ciento el homicidio doloso a nivel nacional, gracias a una estrategia centrada en atender las causas del delito, potenciar la labor de la Guardia Nacional, mejorar la inteligencia y facilitar la coordinación interinstitucional. La colaboración entre los niveles de gobierno resulta clave para consolidar la protección a las comunidades vulnerables y responder con eficacia a los desafíos recientes.
Esta participación conjunta refleja una visión integral para fortalecer la seguridad y la gestión de riesgos en un contexto donde las emergencias naturales y la delincuencia siguen siendo desafíos prioritarios para el Estado mexicano. La articulación institucional y el compromiso público son fundamentales para avanzar en la recuperación y la protección de los derechos de las familias afectadas.