Se oficializan la administración de zonas marítimo-terrestres en Quintana Roo y Tabasco para promover el acceso público y la recreación.
Recientemente, el Gobierno de México anunció la incorporación de nuevas playas federales en los estados de Quintana Roo y Tabasco, con el objetivo de garantizar el acceso libre y abierto a la ciudadanía. Estas áreas corresponden a playas ubicadas en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo, y en Paraíso, en Tabasco. La superficie destinada en Bacalar abarca aproximadamente 4,000 metros cuadrados distribuidos en dos sitios: El Maizal y La Casona, situados en la zona Uvero-Puerta Herrero. En Paraíso, una extensión de más de 1,640 metros cuadrados fue destinada en la Ranchería las Flores Segunda Sección.
Estas entregas forman parte de una estrategia nacional para evitar que las playas se conviertan en espacios privatizados y para promover el turismo sustentable y el derecho al acceso al mar. De acuerdo con las nuevas disposiciones, las playas serán gestionadas por los municipios y deberán mantenerse abiertas al público para actividades recreativas, sin permitir construcciones o modificaciones que impidan el libre tránsito. En Paraíso, se permite la instalación de mobiliario temporal para la comodidad de los visitantes, siempre que no obstruya el paso, mientras que en Bacalar está prohibido cualquier tipo de obra o instalación permanente en esas zonas federales.
Estas acciones complementan esfuerzos anteriores del actual gobierno que buscan fortalecer la protección y accesibilidad de las playas públicas en México. La gestión de estas áreas busca facilitar la convivencia entre comunidades locales, turistas y visitantes, promoviendo la conservación del entorno natural y el uso responsable del litoral marítimo, en línea con las políticas de protección ambiental y de derechos de la población.
Además, la política pública ha sido respaldada en discursos oficiales que destacan la importancia de preservar el carácter público de los recursos naturales costeros, como parte de un compromiso por garantizar a todos el acceso equitativo al patrimonio natural del país.