La administración de Javier May instruye a sus funcionarios no hablar del exsecretario de Seguridad vinculado a actividades criminales, en un cambio de postura oficial. Recientemente, el gobierno de Tabasco asumió una postura de silencio en torno al caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”. La instrucción, emitida por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se basa en la necesidad de evitar comentar sobre temas delicados relacionados con Bermúdez, quien actualmente se encuentra recluido en un penal federal tras su captura en Paraguay en septiembre pasado. Este cambio de estrategia representa una notable modificación respecto a la narrativa previa, donde las autoridades tabasqueñas habían abordado el asunto con mayor apertura. La determinación de silenciar a los funcionarios parece responder a la intención de frenar la difusión de información que pueda afectar la imagen del gobierno o provocar complicaciones legales. Además, las investigaciones apuntan a que la administración de Javier May fue la primera en promover informaciones sobre las actividades ilícitas del exfuncionario. Desde su detención, Bermúdez permanece bajo proceso judicial por cargos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. A pesar de contar con una suspensión definitiva contra una de las órdenes de aprehensión, las autoridades mexicanas mantienen abiertas diversas líneas de investigación. La expulsión definitiva del partido Morena también se materializó en su momento, tras acreditarse su presunta implicación en delitos vinculados al crimen organizado. El caso ha causado revuelo en el ámbito político, pues las filtraciones y reportes periodísticos sugieren vínculos entre Bermúdez y figuras de alto nivel, entre ellas el senador Adán Augusto López Hernández, quien hasta el momento no ha sido formalmente investigado. López Hernández, coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, ha reiterado su disposición a colaborar
Sábado, 9 de mayo de 2026
