Ciudad de México. – El gobierno federal ha decidido reservar por un periodo de cinco años toda la información concerniente a la contratación y detalles operativos de las vallas metálicas utilizadas para resguardar Palacio Nacional durante la marcha del 15 de noviembre, la cual fue protagonizada por jóvenes de la Generación Z y estuvo marcada por incidentes violentos en el Centro Histórico.
La decisión se tomó en respuesta a una solicitud de información, donde el Comité de Transparencia de la Presidencia de la República clasificó como reservada la documentación relativa al contrato de “Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín para Palacio Nacional”. El argumento principal para esta reserva es la salvaguarda de la seguridad nacional y la protección de la integridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su entorno.
Según el comité, la divulgación de aspectos como el costo del contrato, la identidad de la empresa proveedora o las especificaciones técnicas del equipo adquirido podría incrementar el riesgo de atentados contra la Titular del Ejecutivo, su familia, otros servidores públicos o las instalaciones presidenciales. La resolución oficial enfatiza que la revelación de estos datos permitiría a terceros planificar acciones que comprometan la seguridad del Estado mexicano, calificando dicha divulgación como un “riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional”.
Durante la manifestación del 15 de noviembre, se registraron diversos actos de violencia, incluyendo saqueos, daños al mobiliario urbano y a negocios, además de 120 personas lesionadas y más de 20 detenciones. Se reportó que los asistentes utilizaron las barricadas metálicas, de casi tres metros de altura, para derribar objetos, empleando artefactos caseros y otros elementos contundentes.
Tanto el Gobierno de la Ciudad de México como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenaron estos actos de violencia. No obstante, la Presidencia argumenta que, a pesar de que el evento ya concluyó, la divulgación de los pormenores del operativo de seguridad comprometería futuras estrategias y protocolos de protección, justificando así la reserva de la información bajo los artículos 102 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La contratación de estas vallas se realizó mediante adjudicación directa nacional electrónica, con número de control interno AD-SN006-2025, resultando en el contrato C44-25/AD-SN-006-2025 y su respectivo anexo, cuya información detallada permanecerá confidencial hasta 2030.