La inversión incluye pensiones universales, atención especializada y programas de rehabilitación para más de un millón de beneficiarios en apoyo a la inclusión social.
En los últimos años, el gobierno de México ha redoblado su compromiso con la inclusión social de las personas con discapacidad, destinando aproximadamente 141 mil millones de pesos a programas y apoyos específicos. Desde 2020, reformas constitucionales han establecido pensiones universales para individuos de 0 a 64 años, garantizando recursos en todo el país, con un gasto previsto para 2025 de 32 mil millones de pesos y beneficiando a más de un millón 600 mil personas.
Este esfuerzo refleja una política orientada a reconocer la rehabilitación como un derecho constitucional, especialmente para menores en edad temprana, ya que la atención oportuna es fundamental para potenciar su autonomía y calidad de vida. Además, mediante alianzas como la con la Fundación Teletón, más de 25 mil menores reciben terapias gratuitas, sumando más de 4 millones de sesiones desde 2021.
El programa Salud Casa por Casa también ha permitido realizar un millón de visitas domiciliarias para ofrecer consultas médicas y crear expedientes clínicos digitales, facilitando un mapeo regional de la discapacidad. En atención directa, se brindan apoyos económicos de 6,400 pesos bimestrales a niños con cáncer en situación de riesgo, y en un esfuerzo coordinado entre la Federación y los gobiernos estatales, 24 estados ofrecen pensiones universales a personas entre 30 y 64 años, promoviendo una mayor equidad en la atención social.
A nivel internacional, estos avances marcan la definición de un modelo de atención inclusivo, con una creciente apuesta por la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La continuidad y expansión de estas políticas son relevantes para fortalecer la igualdad de oportunidades en el país, consolidando un entorno más justo y accesible para todos.