El Ministerio del Interior español ha admitido una deuda de 76,3 millones de euros por gastos de atención sanitaria a reclusos desde 2018. A lo largo de este periodo, se han concretado pagos por un total de 121,4 millones, aunque el monto adeudado sigue siendo significativo.
La Comunidad de Madrid lidera la lista de beneficiarios, con una deuda de 27,2 millones de euros, lo que representa el 35% del total. A pesar de esto, desde 2018 se han abonado 21 millones a esta región por el mismo concepto. Andalucía sigue en segundo lugar con 14,8 millones pendientes, tras haber recibido 9,9 millones hasta la fecha.
El Ministerio recalca que avanzar en el traspaso de funciones sanitarias en prisiones es una prioridad. Esta iniciativa se alinea con la Ley 16/2003, que busca integrar los servicios de salud penitenciaria al Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, este proceso se ha completado en el País Vasco, Navarra y partes de Cataluña.
A la par de esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un nuevo reglamento que amplía el acceso a la sanidad pública para inmigrantes sin cobertura. Esta legislación, promovida por varios ministerios, busca asegurar una atención sanitaria universal y efectiva.
Con información de gaceta.es