Organismos públicos han favorecido a firmas con alto riesgo de corrupción, poniendo en duda la transparencia en contratación pública. En 2024, el gobierno mexicano ha otorgado contratos por aproximadamente 3,8 mil millones de pesos a empresas sancionadas o de reciente creación, muchas de ellas con antecedentes de riesgos de corrupción, además de carecer en ocasiones de experiencia comprobada en los servicios que ofrecen. Las instituciones con mayores asignaciones a estas firmas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, concentrando el 57% de los fondos destinados a proveedores nuevos. Este patrón de contratación se enmarca en un contexto donde cerca del 42% del gasto público en compras se resolvió mediante adjudicaciones directas, una modalidad que limita la competencia y que, en 2025, representó el 40% de las adquisiciones del sector público. La falta de justificación en muchas de estas asignaciones genera preocupaciones sobre posibles desviaciones de recursos y prácticas poco transparentes, que pueden facilitar la corrupción y afectar la calidad de los bienes y servicios adquiridos. En un análisis adicional, se sostiene que la debilidad en los mecanismos de control y la disminución de presupuestos destinados a entidades dedicadas a prevenir, investigar y sancionar conductas corruptas —que han reducido en un 26% sus recursos en comparación con 2018— agravan los riesgos de integridad en la gestión pública. La persistente tendencia a favorecer contratos directos y la incorporación de empresas con antecedentes sancionatorios refleja una necesidad urgente de fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas en las compras públicas. Este escenario pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de adquisiciones del Estado, en un momento donde la lucha contra la corrupción y la fortalecimiento institucional deben ser prioritarios para
Miércoles, 13 de mayo de 2026
