La gobernadora Layda Sansores distribuye chocolates del youtuber durante su informe y genera controversia por sus declaraciones y eventos asociados
Durante la celebración de su Cuarto Informe de Gobierno, llevado a cabo este viernes 1 de agosto en Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román protagonizó una polémica que captó la atención de medios y ciudadanos. En un acto que generó reacciones diversas, la mandataria morenista solicitó a los asistentes que revisaran y recogieran de sus asientos chocolates del youtuber estadounidense Mr Beast, quien, según afirmó, “colocó a Campeche en los ojos del mundo”. La acción fue interpretada como una estrategia mediática y llamó la atención por la forma en que se llevó a cabo, en medio de un evento oficial.
En su discurso, Layda Sansores elogió a Mr Beast, destacando que gracias a su influencia Campeche logró mayor visibilidad internacional. La gobernadora afirmó que, a través de la presencia del youtuber, la zona arqueológica de Calakmul empezó a ser reconocida en distintas partes del mundo, lo que, en su opinión, representó un impulso significativo para el turismo de la entidad. La declaración fue recibida con sorpresa por parte de algunos asistentes, mientras otros criticaron la forma en que la mandataria utilizó una figura pública para promover su imagen y la del estado.
En la parte final de su informe, que estuvo acompañado por música en vivo interpretada por un grupo de personas en proceso de reinserción social, la gobernadora abordó temas relacionados con su gestión y denunciaron en su discurso una agresión contra un periodista, sin mencionar su nombre. Sansores afirmó que decidió actuar ante lo que llamó una agresión a su persona, defendiendo la libertad de expresión y asegurando que en Campeche existe un entorno de libertad para los medios. Sin embargo, hizo énfasis en que no tolerarán la misoginia ni las agresiones contra las mujeres, prometiendo que no permitirán retroceso en ese aspecto.
Asimismo, Layda Sansores realizó un repaso de las obras realizadas por su administración durante 2024 y abordó el tema de la inversión en el Tren Maya, destacando la importancia de los proyectos para el desarrollo de Campeche. En su discurso reiteró que todas las denuncias y agresiones contra mujeres serán investigadas exhaustivamente y que no habrá impunidad en estos casos. Esta declaración adquiere relevancia en el contexto de la denuncia pública de Susan Saravia, quien interpuso una querella ante la Fiscalía General del Estado de Campeche tras ser víctima de violencia sexual por parte de tres individuos, uno de ellos un amigo cercano. La víctima ha exigido justicia y reveló que solo uno de los agresores ha sido detenido, mientras que los otros permanecen en libertad y tienen vínculos con la gobernadora, situación que ha generado inquietud y denuncias de obstáculos en la investigación.
El evento de la administración estatal duró aproximadamente tres horas, durante las cuales cada dependencia presentó sus avances ante la gobernadora, quien escuchó y valoró los informes de sus colaboradores. Entre los asistentes estuvieron los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y de Quintana Roo, Mara Lezama, quienes expresaron interés en colaborar en programas de carácter peninsular. La presencia de estos mandatarios se destacó, además, por la vestimenta de color guinda, en referencia al color oficial de Morena. Por otro lado, no acudieron autoridades del partido Movimiento Ciudadano, que gobierna la alcaldía de San Francisco de Campeche, capital del estado.
La polémica generada por el reparto de chocolates y las declaraciones de la gobernadora en su cuarto informe refleja las tensiones y la diversidad de opiniones que rodean la gestión de Layda Sansores en Campeche. La forma en que abordó temas sensibles, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, así como la utilización de figuras públicas en su discurso, han provocado reacciones encontradas tanto en la población como en los diferentes actores políticos. La denuncia de Susan Saravia, en particular, ha puesto en jaque la percepción pública sobre la administración estatal y su compromiso con la justicia, evidenciando la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar los derechos de las víctimas.