Ensenada, Estado. – La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión subraya la vigencia de la norma, previamente anulada por el Gobierno tras su sanción.
El Poder Ejecutivo, en un intento por eludir la ley, presentó un proyecto alternativo durante las sesiones extraordinarias, pero esta iniciativa no fue discutida. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, afirmó que el Gobierno promoverá una nueva legislación sobre financiamiento educativo para evitar riesgos en las cuentas públicas.
El fallo reciente, emitido por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, rechaza la apelación del Estado Nacional y ordena la actualización urgente de salarios docentes y becas en función de la inflación. Esta acción judicial surge tras la aprobación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
A pesar de la postura del Gobierno, que invocó la Ley de Administración Financiera para bloquear la norma, la Cámara sostuvo que la ley aprobada por insistencia parlamentaria tiene prioridad. Además, se destacó que el incumplimiento afecta derechos fundamentales, incluyendo el derecho a enseñar y aprender.
La Cámara exigió la implementación inmediata de la Ley 27.795, que incluye la recomposición salarial de docentes y la actualización de programas de becas. Estos cambios se consideran críticos en un contexto inflacionario que impacta gravemente la educación.