La investigación revela operaciones irregulares y posibles actividades ilícitas en la administración aduanera bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Una serie de investigaciones y auditorías recientes han puesto en entredicho la integridad de altos mandos en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el contexto de la actual administración federal. Entre los casos más relevantes se encuentra el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien ocupa el cargo de director general de Investigación Aduanera. Los análisis fiscales determinaron que una empresa vinculada a Márquez realizó operaciones sospechosas con una firma colombiana que, en el pasado, estuvo relacionada con el Cártel de Cali, uno de los grupos narcotraficantes más notorios de América Latina.
Las transacciones, por un monto cercano a los 253 millones de pesos en 2019, revelaron facturas presuntamente simuladas relacionadas con importaciones de telas. La compañía colombiana, que fue retirada de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2014 tras desvincularse de actividades ilícitas, aparece en auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posibles indicios de lavado de dinero y actividades ilegales. Estas revelaciones generan alarma sobre la supervisión y control en un sector clave para la economía y la seguridad fronteriza del país.
El caso se suma a otras polémicas afectando a Márquez Hernández, quien en años recientes ha sido señalado por la divulgación de una colección de relojes de lujo valorados en millones, además de haber recibido depósitos en efectivo no declarados en su declaración patrimonial. La existencia de estas irregularidades fue reconocida en ciertos ámbitos oficiales, lo que aumenta la presión sobre las instituciones responsables de la vigilancia en la administración aduanera y de combate a la corrupción en tiempos de la llamada “Cuarta Transformación”.
Desde diferentes frentes, analistas y expertos en seguridad coinciden en que estos casos reflejan vulnerabilidades en los sistemas de control y en la fiscalización de operaciones internacionales con posibles vínculos delictivos. La administración actual continúa enfrentando retos en la transparencia y eficiencia en estas instituciones, cuyo papel es crucial para evitar que actividades criminales perjudiquen la soberanía y economía nacional.