La posible reactivación de la fracturación hidráulica en México genera inquietudes por sus riesgos ambientales y la falta de claridad oficial sobre su uso.
El Plan Estratégico 2025–2035 revela que más de la mitad de los recursos prospectivos de petróleo y gas en México se ubican en formaciones no convencionales, las cuales requieren de técnicas como la fracturación hidráulica para su extracción. Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) afirma que solo evalúa el potencial de estos yacimientos y no realiza fracking, las expresiones del gobierno y de la compañía han levantado dudas sobre la posible reactivación de esta técnica en el país.
Históricamente, en México existió un compromiso oficial de prohibir el uso del fracking, promesa respaldada por expresidentes y candidatos, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. No obstante, la reciente referencia a “yacimientos complejos” ha encendido alertas en organizaciones ambientalistas, quienes señalan que esta terminología podría ser un eufemismo para retomar la fracturación hidráulica, una práctica controvertida debido a su impacto en el medio ambiente y las comunidades.
El fracking implica inyectar agua, arena y químicos a alta presión en formaciones profundas para liberar hidrocarburos, proceso que consume grandes volúmenes de agua y puede ocasionar contaminación. La Alianza Mexicana contra el Fracking asegura que un solo pozo requiere múltiples millones de litros de agua, dejando ese recurso inutilizable para otros usos. Como contexto, el interés generador de energía y la demanda de recursos en México hacen que el tema reaparezca en el escenario político y energético, poniendo sobre la mesa la necesidad de un debate informado y transparente sobre sus riesgos y beneficios.
Este escenario refleja las tensiones entre el impulso de la autosuficiencia energética y la protección ambiental, además de la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre las verdaderas intenciones de las políticas públicas en materia de recursos naturales.