La Tesorería de Torreón utiliza una cuenta vinculada a Evo Payments para financiar gastos no autorizados, acumulando millones en meses recientes.
Desde principios de 2022, la administración del municipio de Torreón ha utilizado recursos públicos para financiar una cuenta digital vinculada a la empresa Evo Payments México, lo que ha permitido realizar gastos sin límites en diversos comercios y servicios, y todo con cargo al erario municipal. Este mecanismo, que no cuenta con respaldo formal, ha generado una serie de operaciones que superan los 10 millones de pesos en menos de tres años, cifras que contrastan con el salario mensual del alcalde Román Alberto Cepeda, quien percibe aproximadamente 79,538 pesos netos al mes. La diferencia revela un gasto extraordinario que no se justifica únicamente con su ingreso oficial y que se ha consolidado en un esquema fiscal que oculta la verdadera dimensión de los egresos municipales.
Este tipo de prácticas refleja una problemática mayor en la gestión financiera pública, donde se priorizan mecanismos de financiamiento discrecional y sin transparencia. La empresa Evo Payments, dedicada a servicios de procesamiento de pagos y operaciones financieras, actúa como intermediaria en esas transacciones, facturando al municipio sin que exista un convenio formal que respalde dichas operaciones continuas. La falta de control y supervisión en estos procesos pone en evidencia riesgos administrativos y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la gestión municipal.
El uso de estas plataformas, en lugar de facilitar el cobro de impuestos y mejorar los mecanismos de recaudación, ha sido empleado como un medio para ocultar egresos y posiblemente desvirtuar el origen de los fondos. En diciembre de 2024, por ejemplo, se facturaron casi 121 mil pesos en una sola jornada, sumando en total más de 490 mil pesos en ese mes — cantidades que superan ampliamente los gastos cotidianos y que, en algunos casos, corresponden a gastos menores que difícilmente justificarían semejante volumen. La situación adquiere mayor gravedad en un escenario electoral, donde en un solo mes de campaña electoral se registraron facturas que superaron los dos millones de pesos en sólo 16 minutos, evidenciando un esquema de financiamiento poco claro y controvertido.
Este patrón de comportamiento en la administración municipal evidencia un descontrol en la gestión financiera. La tendencia reciente en el uso de plataformas digitales para realizar gastos no fiscales subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y exigir mayor transparencia en los recursos públicos. La problemática va más allá del caso particular, reflejando un fenómeno que puede replicarse en otras instancias gubernamentales, poniendo en duda la integridad en la administración y la protección del patrimonio público.