La Fiscalía busca arrestar a un empresario vinculado a casos de desvío millonario en Segalmex y redes delictivas relacionadas con huachicol y tráfico de armas, en un caso que revela graves irregularidades en la administración pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión contra Jorge Enrique Alberts Ponce, un empresario implicado en el desfalco que afectó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una dependencia creada en 2019 para promover la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables. La investigación revela que Alberts Ponce participó en esquemas de corrupción vinculados también a una red delictiva dedicada al huachicol y al tráfico de armas, con conexiones que involucran a figuras como Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo.
La orden de captura, emitida el 15 de septiembre, fue filtrada por medios independientes y confirma la participación de Alberts Ponce, quien ya había sido señalado en 2022 por la Auditoría Superior de la Federación por haber recibido contratos millonarios a través de su empresa Acurgen S.A. de C.V., relacionados con actividades de fumigación y sanitización en Segalmex. Estos contratos se firmaron en 2020, pese a que instituciones fiscales tenían antecedentes de esquemas de desvío de fondos en los que él había estado involucrado desde 2018.
Uno de los domicilios asociados con su actividad era una vivienda en Polanco, propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, esposa de un exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, Alberts Ponce había trabajado bajo la dirección de la CFE en contratos celebrados durante la gestión del expresidente Manuel Bartlett, a través de la empresa Seicsa. Posteriormente, se asoció con socios ligados a actividades ilícitas, incluyendo a un señalado en el fraude a Segalmex.
El caso Segalmex representa uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno, con pérdidas que superan los 9,500 millones de pesos y una serie de investigaciones que llevaron a múltiples denuncias penales. La crisis ha evidenciado la existencia de redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios como a particulares, dejando en evidencia la magnitud del desvío y el impacto en la alimentación de comunidades vulnerables.
Este proceso judicial refuerza los esfuerzos de las autoridades mexicanas por desmantelar las redes de corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en instituciones públicas, en un contexto donde los indicios de vínculos con actividades ilícitas amplían el alcance de la investigación.