La Fiscalía acusa a la politóloga de uso ilícito de atribuciones en la obtención de una pensión de Pemex tras la muerte de su esposo en 2004, en un caso que reabre debates sobre la integridad en beneficios públicos.
La Fiscalía General de la República ha iniciado formalmente un proceso judicial contra María Amparo Casar, profesionista y presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en relación con una posible irregularidad en la gestión de una pensión otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex). La investigación se centra en la concesión de un beneficio económico que, según las autoridades, podría haber sido tramitado con anomalías tras el fallecimiento de su esposo en 2004.
El caso cobra relevancia en un contexto en el que Pemex suspendió en febrero de 2024 los pagos relacionados con esta pensión, que asciende a aproximadamente 31 millones de pesos según declaraciones del exdirector de la estatal, Octavio Romero. La muerte del cónyuge de Casar ocurrió en un incidente trágico cuando se arrojó desde un edificio de Pemex, y en un inicio, la autopsia confirmó que fue un suicidio. Sin embargo, la fiscalía ahora investiga si su tramitación y autorización tuvieron irregularidades, específicamente por la rapidez en la aprobación y el monto pagado.
Este proceso judicial refleja la intención de las autoridades de fiscalizar exhaustivamente las pensiones y beneficios de exfuncionarios o familiares, en un momento en que México enfrenta múltiples retos en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública. La audiencia está prevista para el 16 de diciembre, en la que también serán considerados otros posibles implicados en el caso.
La atención a este asunto se510 apunta no sólo por su impacto en la integridad del uso de recursos públicos, sino también por el interés público en garantizar que beneficios como pensiones vitalicias se otorguen en estricto cumplimiento de la legalidad y sin favorecer posibles negligencias o irregularidades pasadas.
Este caso se inscribe en una tendencia de mayores auditorías y controles en instituciones públicas y empresas estatales, que buscan fortalecer la confianza ciudadana y reducir prácticas indebidas en la gestión de recursos del Estado.