Cuatro activistas fueron arrestadas por vandalismo y fueron liberadas tras la presión social y mediática, resaltando la tensión entre derechos de protesta y autoridad.
En Puebla, cuatro integrantes de colectivos feministas fueron liberadas tras pasar cerca de 24 horas detenidas por participar en una manifestación en el centro histórico. La protesta ocurrió durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuando las activistas realizaron acciones de iconoclasia en la fuente de San Miguel, ubicada en el zócalo de la ciudad. Entre las acciones detenidas, las mujeres cubrieron la monumento con grafitis y tiñeron de rojo el agua de la fuente, simbolizando la violencia contra las mujeres.
Tras su arresto, ocurrido alrededor de las tres de la tarde del 31 de agosto, las jóvenes denunciaron haber sido agredidas físicamente por policías estatales y municipales, en un contexto que generó amplio rechazo por el uso excesivo de la fuerza y el trato violento. La detención fue llevada a cabo por agentes que, además, señalaron a una periodista presente en la protesta, acusándola de participar en los actos vandálicos, lo que fue rápidamente desmentido por la reportera y por organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
Diversas voces, incluyendo activistas y líderes en derechos humanos, exigieron la liberación inmediata de las feministas, argumentando que sus derechos a la manifestación y a la expresión estaban siendo vulnerados. La presión social, sumada a la atención mediática, llevó a que las jóvenes recuperaran su libertad en la tarde del domingo. De manera complementaria, el Ayuntamiento de Puebla aseguró que brindó protección legal y acompañamiento a las detenidas, aunque familiares y defensores denunciaron presunto abuso de autoridad y golpes por parte de las fuerzas policiales dentro de las unidades policiales.
Este incidente refleja las tensiones actuales en la localidad entre el derecho a la protesta y la actuación policial, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer las garantías para la manifestación pacífica y el respeto a los derechos humanos en el contexto de movilizaciones sociales.