Ciudad de México. – Una familia de misioneros originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras sufrir lesiones a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre. La denuncia fue interpuesta por sus representantes legales en la delegación metropolitana de la Ciudad de México, solicitando la investigación de delitos como abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, además de exigir el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables de la tragedia.
Los afectados, identificados como Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, viajaban en uno de los vagones que cayó a un barranco. Juan Manuel Iglesias López, en comunicación telefónica durante una conferencia de prensa ofrecida por sus abogados a las afueras de la FGR, expresó la motivación de la demanda: “Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos que colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo. Entonces, es por eso la demanda”. Subrayó que la búsqueda de justicia trasciende la mera ayuda económica, mencionando a familiares que esperaban reunirse para Navidad y hoy no están.
El abogado de la familia, Adrián Arellano, detalló que la denuncia se dirige contra funcionarios públicos presuntamente omisos en la supervisión de la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario, así como contra las empresas contratistas involucradas. Las compañías señaladas son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools. Arellano recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había emitido observaciones sobre estas empresas, indicando la falta de evidencia de que hayan realizado los trabajos contratados.
“El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar. Al final del día, la Fiscalía General podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos, de que esos contratos se dieron sin advertir, efectivamente, todo este trabajo realizado, y porque la Auditoría Superior es muy clara, señala que no existe evidencia de los servicios contratados”, explicó el abogado, enfatizando la necesidad de un esclarecimiento total de los sucesos.