Eduardo Trauwitz sostiene que el contrabando de combustible se ha masificado y forma parte de una estructura que involucra a funcionarios y empresas vinculadas al gobierno actual.
Un exjefe de seguridad de Peña Nieto y experto en seguridad petrolera afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha consolidado una estructura de robo de combustibles, conocida como huachicol, que opera de manera sistemática en puertos y rutas de transporte. Según esta versión, las prácticas ilícitas en el contrabando, que incluyen operadores en barcos, puertos y transporte terrestre, se han institucionalizado, involucrando a diversos actores tanto militares como civiles. La revelación forma parte de un contexto en que las autoridades están desmantelando redes de tráfico de hidrocarburos presuntamente lideradas por oficiales navales, lo que evidencia la magnitud del problema.
El exmilitar también señala que las operaciones de contrabando de combustible, que incluyen el robo, transporte y venta en Estados Unidos, han alcanzado un nivel que sobrepasa las investigaciones actuales y apenas representan la punta del iceberg. En este sentido, indica la posible participación de empleados de Pemex y personas cercanas al círculo presidencial, señalando que quienes tienen conocimiento directo de las actividades ilegales podrían estar involucrados o ser cómplices involuntarios. La percepción de un sistema organizado que protege estas actividades ilícitas requiere mayor atención por parte de las autoridades para fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en el sector energético.
Asimismo, el militar en retiro menciona que en la gestión pasada entregó información clave a las autoridades durante el proceso de transición, específicamente sobre descargas de hidrocarburos en buques sin sistemas de medición adecuados, lo que facilitaría el robo. También sugiere que personas cercanas al Ejecutivo, incluyendo exfuncionarios, podrían haber facilitado o incluso aprovechado este esquema para obtener beneficios económicos, aunque sin afirmar una participación directa del actual gobierno.
El caso de Trauwitz, que data de su acusación en 2019 por la Fiscalía General de la República, refleja además las complejidades jurídicas en torno a estos delitos. Tras su detención en Canadá en 2021 y la extradición en 2024, actualmente goza de libertad condicional, mientras continúa siendo una figura central en el debate sobre la seguridad energética y la corrupción en México.