La comunidad estudiantil exige medidas inmediatas tras incidentes mortales y agresiones, resaltando la creciente inseguridad en las instituciones educativas.
La seguridad en las instituciones educativas del Sistema de Educación Media Superior ha sido motivo de preocupación, luego de que alumnos de diferentes planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) salieran a las calles para exigir acciones concretas ante una serie de incidentes graves. La manifestación, que se realizó en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocó a estudiantes, madres de familia y miembros de la comunidad académica para denunciar la vulnerabilidad en los planteles y clamar por una mayor protección.
En el transcurso del evento, madres de estudiantes afectados compartieron testimonios sobre las agresiones y problemas de violencia que enfrentan sus hijos. Adriana Ochoa, madre de una alumna del CCH Sur, narró cómo su hija de 17 años sufrió acoso escolar y abuso sexual en el campus, hechos que no fueron atendidos con la seriedad requerida pese a sus múltiples denuncias. La madre insistió en que la falta de medidas preventivas, como botones de pánico o detectores de metales, continúa poniendo en riesgo la integridad de los estudiantes.
Este panorama no es aislado. Desde 2019, se reportan sucesos similares, incluyendo la trágica muerte de una estudiante del CCH Oriente por una supuesta bala perdida y el fallecimiento de otro alumno en un evento cultural del CCH Naucalpan, cuya causa oficial ha sido cuestionada por familiares y la comunidad estudiantil. Estos casos resaltan la necesidad urgente de implementar protocolos y recursos que aseguren la protección en los entornos escolares.
En respuesta a estos hechos, expertos en seguridad y educación han subrayado que incrementar las medidas preventivas y fortalecer la vigilancia en los planteles no solo evitará tragedias, sino que generará un ambiente donde los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios sin temor. La movilización evidencia el clamor colectivo por un cambio profundo en la gestión de la seguridad en las instituciones educativas, pilar fundamental para garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.