Ciudad de México. – El Gobierno de México ha establecido una estrategia nacional para combatir la extorsión, con el objetivo de reducir significativamente el cobro de piso para el año 2026. Esta iniciativa, impulsada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca atacar el problema desde sus raíces normativas, operativas y de control de resultados.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 01/LII/2025. Este acuerdo, aprobado en la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado 11 de diciembre de 2025, formaliza el “fortalecimiento” de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Una instrucción directa a los gobernadores del país es presentar ante sus respectivos Congresos locales las reformas legislativas necesarias para armonizar sus marcos jurídicos con la estrategia. Deberán reportar estas acciones al Secretariado Ejecutivo a más tardar el último día hábil de enero de 2026.
Adicionalmente, se ha puesto un plazo para eliminar la improvisación operativa. La Fiscalía General de la República (FGR) emitirá un manual de operación destinado a fiscalías y unidades especializadas. Este manual regulará la recepción de denuncias, la investigación y la persecución del delito de extorsión, y deberá estar listo a finales de febrero de 2026.
Con estas medidas, la Federación busca que los estados actúen de manera coordinada, al tiempo que se crea una guía unificada para el trabajo de los ministerios públicos y las áreas especializadas. El paquete de acciones también incluye el método para alinear la estrategia con el presupuesto y mecanismos de medición de resultados.
Fueron oficializados, además, los criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2026, el Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 2026, y lineamientos sobre el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) en materia de seguridad pública. También se formalizaron lineamientos para el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, cuya aplicación en las fiscalías iniciará en enero de 2026.
El Gobierno federal ha admitido en diversas ocasiones que el delito de extorsión ha mostrado un incremento constante entre 2019 y 2025, lo que subraya la urgencia de la estrategia ahora implementada.