El gobierno de México enfrenta un estancamiento en su intento por extraditar a 36 presuntos narcotraficantes y otros implicados en delitos graves. A pesar de tener solicitudes firmes para la entrega de estas personas, Estados Unidos no ha accedido a colaborar con el proceso solicitado por las autoridades mexicanas.
Desde hace años, México ha mantenido un inventario de individuos que se encuentran bajo custodia, así como de otros que afrontan cargos en libertad por cooperación con la justicia estadounidense. Aun con algunos reclusos, la entrega temporal a México es viable, gracias a un protocolo de extradición firmado en 1997 en Washington D.C., que permite el intercambio de detenidos para procesos legales en ambas naciones.
En este contexto, se destacó la solicitud para la entrega de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. La Fiscalía General de la República busca juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito, con vínculos que podrían llegar a 27 millones de pesos. Actualmente, García Luna cumple una condena de 38 años y ocho meses por su conexión con el Cártel de Sinaloa.
Otro caso vital es el de Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda, quien enfrenta acusaciones por abuso de funciones en México. Aunque está libre en Estados Unidos, México continúa solicitando su extradición desde octubre de 2020. La ministra de esa oficina continúa enfocado en la vuelta de aquellos implicados en delitos graves.
Además, se busca la repatriación de otros delincuentes notables como Vicente Zambada Niebla, quien se ha beneficiado del programa de protección de testigos tras su colaboración en juicios importantes. La lista también incluye a Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado", quien se considera posible autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez. Aunque Estados Unidos ha colaborado en el pasado, este estancamiento podría tener efectos en la lucha contra el narcotráfico y en la justicia para las víctimas en México.
Con información de milenio.com