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Ernestina Godoy asume temporalmente la Fiscalía General de la República

Ernestina Godoy asume temporalmente la Fiscalía General de la República tras la salida de Gertz Manero, garantizando continuidad institucional en México.

Por Redacción1 min de lectura
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La exconsejera jurídica de México tomó el mando de la fiscalía tras la salida de Gertz Manero, en un proceso que marcará cambios institucionales en el país.

La abogada y exconsejera jurídica del Gobierno Federal, Ernestina Godoy, asumió formalmente la responsabilidad como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República, en respuesta a la salida de Alejandro Gertz Manero de su cargo. Esta decisión se inscribe en el marco legal, específicamente en la figura prevista por la Ley de la Fiscalía, que permite a la titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial garantizar la continuidad del organismo en periodos transitorios.

La designación de Godoy como responsable temporal refleja un momento crucial en la estructura de la fiscalía, dado que su liderazgo será clave mientras el Senado inicia el proceso para nombrar al nuevo Fiscal General, un paso que puede definir los próximos años en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México. Este cambio también tiene un impacto en la esfera política, puesto que la fiscalía ha sido uno de los principales centros de decisiones en seguridad y justicia a nivel nacional.

Es importante destacar que Ernestina Godoy, quien ocupó el cargo de consejera jurídica desde diciembre de 2024, renunció a esa posición para asumir esta nueva responsabilidad. La funcionaria expresó en su comunicado que llega con un compromiso firme de servicio, en un momento de relevancia institucional y política para el país. Además, su nombramiento genera expectativas sobre la continuidad y fortalecimiento de la independencia y profesionalismo en la fiscalía mexicana, aspectos que consideran fundamentales para la plena aplicación de la justicia.

Este movimiento se presenta en un contexto de transición en la fiscalía, en medio de debates políticos y sociales sobre los desafíos de combate a la corrupción, y resalta la importancia de contar con liderazgos confiables y comprometidos con la legalidad en órganos clave del Estado mexicano.

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