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Legisladores aprueban endurecimiento de penas por delito de despojo en México

La Cámara de Diputados aprueba un incremento de penas por despojo, con sanciones que llegan a 10 años de prisión y multas elevadas para proteger la propiedad.

Por Redacción1 min de lectura
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La reforma al Código Penal Federal incrementa las sanciones para proteger la propiedad, con medidas más severas en casos contra sectores vulnerables y funcionarios públicos.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que busca fortalecer las sanciones por el delito de despojo, una problemática que ha mostrado un aumento en los últimos años en diversas regiones del país. La modificación establece penas de seis a diez años de prisión, además de multas que en 2025 pueden alcanzar más de 226,000 unidades de medida y actualización (UMA), cifras que representan un incremento sustancial respecto a las sanciones actuales, que llegan a un máximo de cinco años de cárcel y multas menores.

El nuevo marco legal amplía también las agravantes en casos donde el despojo afecta a personas de la tercera edad, con discapacidad o en estado de vulnerabilidad, elevando las penas hasta en un 50%. Asimismo, se contempla una sanción más severa cuando agentes públicos participan en estos delitos, con posibles condenas de hasta 15 años de prisión si se demuestra que ha habido participación de funcionarios y corrupción vinculada.

Esta actualización legal surge en respuesta a cifras alarmantes, como la registrada en el Estado de México, donde entre 2015 y 2025 se documentaron más de 42,000 casos de despojo, afectando principalmente municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán. Emilio Ulloa, legislador de Morena, destacó que durante ese periodo, las carpetas de investigación por este delito aumentaron un 36%, señalando la urgencia de una acción legal más contundente. La reforma ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva y pretende convertir la protección de la propiedad privada en una prioridad nacional.

La iniciativa refleja una decisión política clave para reforzar la seguridad jurídica y responder a la creciente inseguridad sobre los bienes patrimoniales de las familias mexicanas, que sienten temor ante la impunidad y la participación de servidores públicos en estas conductas delictivas.

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