La Fiscalía General de la República detectó pagos de hasta dos millones de pesos en una investigación que involucra tráfico de armas, delincuencia y corrupción.
El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue señalado por pagos ilícitos a una funcionaria de alto rango en la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de obtener información sobre sus procesos legales. Investigaciones recientes revelan que este empresario, ligado a delitos como tráfico de armas, crimen organizado y venta de hidrocarburos ilícitos, habría entregado cantidades cercanas a los dos millones de pesos en varias ocasiones. La fiscal presuntamente operaba a su favor, facilitándole acceso a detalles confidenciales de las investigaciones en su contra, en un contexto donde también se relaciona con figuras como Jacobo Reyes León, exjefe policiaco en el Estado de México, implicado en actividades delictivas.
Además, las autoridades federales documentaron reuniones y transacciones clandestinas, incluyendo seguimientos y grabaciones que revelan interacciones directas entre Rocha Cantú, Reyes y la funcionaria, identificada como Mari Carmen Ramírez Ramírez. Ella fue arrestada por su presunta participación en estos hechos, y su historia laboral en la fiscalía indica un perfil poco convencional, habiendo trabajado anteriormente en empleos de baja especialización antes de ascender a cargo en la fiscalía especializada en delitos de hidrocarburos.
Un juez en Querétaro emitió órdenes de aprehensión contra Rocha Cantú y otros cómplices, señalando su participación en delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas y hidrocarburos. El empresario, que recientemente fue candidato a un reconocimiento internacional en el ámbito de belleza, también habría colaborado como testigo colaborador de la fiscalía en el proceso judicial, previo a su detención formal.
Este caso ilustra la complejidad de las redes de corrupción y delincuencia que operan en México, donde vínculos entre figuras públicas, actividades criminales y la infiltración en instituciones estatales evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las investigaciones.